Concluyó este lunes la tercera audiencia del juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces ante el Tribunal Oral Federal Nº 5 con la continuación de la lectura del requerimiento de elevación a juicio de Los Sauces. El proceso se retoma el viernes, con la presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante en la causa.

En la última audiencia, el fiscal Diego Velasco expuso la hipótesis de la fiscalía sobre el circuito de dinero que, según la acusación, fluía desde empresas de Lázaro Báez y del Grupo Indalo hacia la familia Kirchner a través de contratos de alquiler con la inmobiliaria.

Ahora Velasco se refirió a la situación de la constructora Loscalzo y Del Curto, que resultó beneficiada con obra pública en Santa Cruz, que inyectó fondos a Los Sauces entre enero del 2009 y diciembre de 2014 “con el fin de aplicarlos a la actividad inmobiliaria”. Mencionó que “de esta forma, una porción de lo que era defraudado al Estado Nacional a través de la obra pública sería canalizado a la firma” de la familia Kirchner.

En total la inmobiliaria le facturó a Loscalzo y Del Curto un total de $1.691.580. En total, se firmaron más de 40 cheques desde la compañía, algunos firmados por los hijos de Lázaro Báez, y quien los cobraba fue Máximo Kirchner. Para eso, la empresa le alquiló cuatro departamentos en Río Gallegos a la familia Kirchner que habían sido construidos por ella misma, por un precio mayor al que costó su construcción.

Además, luego de terminar la relación en 2014, la acusación advierte que en 2015 la ruta del dinero hacia la inmobiliaria de los Kirchner quedó en manos de Austral Construcciones, que se convirtió en la “mayor contratista de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz” durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La empresa de Báez recibió entre los años 2003 y 2015 $6.698.062.565,08 desde el Tesoro Nacional “como consecuencia de las obras públicas viales irregularmente asignadas en la provincia de Santa Cruz”.

“Participó de este mecanismo permanente para el lavado de activos aplicando fondos ilícitos provenientes de la obra pública vial para que la familia presidencial pudiera aumentar notablemente su patrimonio, es por ello que, durante los 10 meses en que mantuvo el vínculo comercial, transfirió un total de $323.915,79 a favor de la firma de los ex presidentes y su núcleo familiar”, indicó el requerimiento.

A partir del jueves siguiente está previsto que se habilite la causa Hotesur.

La Fiscalía calificó el esquema como una “compleja maniobra delictiva” mediante la cual, a su criterio, los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner habrían montado una matriz de corrupción para enriquecer de forma ilegítima a empresarios vinculados y a la propia familia. En Los Sauces, la acusación investiga lavado de activos a través de una estructura inmobiliaria y hotelera que, según el planteo, utilizaba alquileres para dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito.

El mecanismo descrito apunta a que los Kirchner beneficiaron a empresas de Báez y del Grupo Indalo con contratos del Estado Nacional y que parte de ese dinero retornaba a la familia mediante Los Sauces, constituida por los expresidentes y su hijo Máximo. Con esos fondos, la inmobiliaria adquirió propiedades, hoteles y terrenos que luego se pusieron a disposición de las mismas empresas a través de contratos de alquiler.

“De esta forma, el dinero proveniente de las empresas de los grupos económicos era recibido mensualmente como ‘dinero limpio’ en concepto de canon locativo a los expresidentes y a sus hijos, quienes luego podían declararlo ante el Fisco y ante la Oficina Anticorrupción como dinero legítimamente obtenido”, señaló la Fiscalía.

Según el requerimiento, el 88% de la facturación de Los Sauces correspondía a sus “empresarios amigos”: un 65% provenía de Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia (Grupo Indalo) y un 23% del Grupo Báez, a través de Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, y Valle Mitre.

Entre 2009 y 2016, Los Sauces facturó a estos grupos $25.968.042,30 en alquileres de propiedades y hoteles, calificados en la acusación como “innecesarios” o por encima de valores de mercado. En ese período, el patrimonio neto de la inmobiliaria se incrementó más de un 12.000%, de $100.000 a $12.122.430,26.

La Fiscalía ubicó el origen de los fondos en dos vertientes: para Báez, dinero de “la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz”, en el marco de la causa Vialidad; para López y De Sousa, fondos obtenidos por dádivas en contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos.

El fiscal también advirtió irregularidades en adquisiciones, entre ellas un terreno en El Calafate comprado a $7,50 el metro cuadrado, pagado más de un año después y sin escriturar ni registrar. Departamentos en Madero Center de Puerto Madero adquiridos con dinero personal de Néstor Kirchner e incorporados luego a Los Sauces, y un terreno vendido por Austral Construcciones que la acusación califica como compraventa simulada para ocultar una donación de Báez.

La lista incluye el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria Cristina Kirchner, que fue comprado en 2015 por USD 370.000 y pagado con Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES)